A través de esta causa de justificación se tutelan los bienes jurídicos cuyo portador es el individuo o una persona jurídica pero no la sociedad o el Estado como órgano de poder soberano.
Las consecuencias jurídicas del reconocimiento de la legítima defensa son que la acción realizada es lícita, queda excluida no solo la responsabilidad penal sino también la civil. La legítima defensa ampara también de la responsabilidad por los daños causados.
