La jurisprudencia ha reconocido que el núcleo de esta actividad típica es que el ejercicio de unos actos relativos a profesiones privadas que de acuerdo con lo que las normas indican están reservados a colectivos concretos, los cuales están autorizados legalmente en base a un principio de exclusividad dado el contenido de los actos.
Recientemente los Tribunales han establecido que ejercer de abogado sin estar dado de alta en el Colegio de Abogados no supone un delito de intrusismo, ya que lo relevante es que el sujeto presente una carencia de preparación, objetivamente determinada por un título académico expedido por el Estado, y el mero hecho de no estar dado de alta en el Colegio Profesional supone una cuestión de orden simplemente disciplinaria cuya respuesta depende del ámbito deontológico propio.
