Los cuatro acusados lo eran de un delito contra la salud pública que suponía las penas más graves a las que se enfrentaban los mismos, sin embargo, la defensa de los mismos intentó demostrar que el uso de este producto no había puesto en peligro la vida o la salud de las personas, aspecto fundamental, ya que es este factor uno de los determinantes para establecer que concurre un delito contra la salud pública.
La magistrada encargada del asunto sí que ha considerado probado que los acusados cometieron un delito relativo a los consumidores ya que se ha podido establecer que se realizaron alegaciones falsas y se atribuían facultades terapéuticas al producto que no eran tales como si fuera un medicamento.
El Ministerio de Sanidad denunció este producto hace doce años y finalmente se ha dictado sentencia sobre este caso por el que muchos consumidores se sintieron engañados, tal y como han manifestado a lo largo del juicio.
